TOLEDO.- Establecer una hoja de ruta para la desconexión progresiva de la cuenca del Segura de los caudales del Tajo como respuesta a la nueva realidad impuesta por el cambio climático y a la necesidad de recuperar el buen estado del río, es una de las propuestas que plantea y analiza el Observatorio de Políticas del Agua de la Fundación Nueva Cultura del Agua en su informe de 2023. Un documento en el que se recogen los principales hitos y debates sobre el agua en España en el contexto del cambio global, incluidos también los retos a los que se enfrenta el Tajo y el futuro del trasvase.
Un Tajo-Segura que desde su concepción y ejecución ha ocupado un lugar destacado en la agenda del agua, el cual en los últimos años y debido a la puesta en marcha de los caudales ecológicos -con las polémicas, negociaciones, cesiones y acuerdos que han conllevado-, cuestionados todos ellos por los beneficiarios del trasvase y a la vez avalados por sentencias judiciales.
Punto este, precisamente, que marca un antes y un después al respaldar los tribunales la necesidad de establecer unos caudales ecológicos para el maltrecho Tajo que, a pesar de que la progresiva aplicación de los volúmenes mínimos a su paso por diversos puntos, ya va tarde en lo que se refiere a las nuevas normas de explotación del trasvase, contempladas también en el plan hidrológico aprobado en enero de 2023 y que, sin embargo, se siguen haciendo de rogar pese a haber cumplido ya el plazo fijado para su entrada en vigor. Una modificación de cara a la que el pasado 18 de abril el ministerio activaba la maquinaria, abriendo una consulta pública.
Un contexto en el que, según señala en informe, las "resistencias" a un cambio de modelo se intensifican, al ser los beneficiarios directos del trasvase Tajo-Segura y otros actores del debate público quienes insisten en "no reconocer la realidad del cambio climático", con la reducción casi a la mitad de las aportaciones en la cabera; la necesidad y obligación legal de recuperar el estado de los ríos, así como la "inviabilidad" de continuar con modelos productivos cada vez "más incompatibles" con la realidad hídrica y las perspectivas en el medio y largo plazo.
Negacionistas de la situación y las necesidades del Tajo que en muchos casos, apunta el informe, "obtienen un beneficio monetario privado" y con frecuencia "disfrutan de importantes subvenciones por parte del Estado", las cuales -precisa- son "incompatibles con la Directiva Marco del Agua, mientras que trasladan a otros los costes.
De ahí la propuesta de iniciar un proceso de reflexión "sereno y de diálogo", con base en el conocimiento científico y una amplia participación de las partes interesadas, pero también del conjunto de la ciudadanía, de cara a abordar una hoja de ruta en la que se marquen los pasos para esa desconexión entre cuencas.
PASOS PARA UNA TRANSICIÓN HÍDRICA JUSTA
Un plan de actuación para una transición hídrica justa de cara a la que se plantean una serie de medidas a corto, medio y largo plazo.
Entre las primeras, por ejemplo, se sitúa la eliminación de los usos ilegales de agua, incluyendo perímetros irregulares de regadío y el incremento de la aportación de recursos de la desalación marina, como compensación a la reducción de transferencias desde el Tajo.
En este sentido, apuntan desde el Observatorio, las ayudas económicas de carácter público destinadas a suavizar el coste del agua desalada, deberían "asegurarse y a la misma vez restringirse" a aquellos agricultores cuya rentabilidad pudiera verse afectada "de forma significativa" por el incremento del coste del agua y no así al resto.
Un punto en el que recuerdan el "secundario" peso que tiene en la estructura de costes el agua en numerosas explotaciones hortofrutícolas, en las que se sitúa por debajo del 10 por ciento, llegando en algunos casos a no alcanzar ni el 5 por ciento.
Por su parte, en lo que respecta a las medidas a implementar en el medio y largo plazo, se propone entre los elementos a contemplar la promoción de un cambio progresivo en los modelos productivos, tratando así de diversificar la economía en el territorio a diferentes escalas. Perseguir un equilibro entre las actividades primarias y otro tipo de actividades económicas que presenten un mayor valor añadido sin necesidad tener un consumo elevado de agua.
Se apuesta asimismo por un reequilibro en el peso del secano, con el apoyo a cultivos y sistemas productivos que permitan mantener una actividad agraria ambientalmente sostenible, viable económicamente y socialmente justa; unido a una reducción del regadío en cuanto a superficie total, "pero de mayor valor". Propone así el informe la promoción de alimentos de calidad, la producción agroecológica y una reducción de impactos ambientales, potenciando circuitos de proximidad y a los pequeños agricultores.
Una planificación que debería llevarse a cabo teniendo en cuenta principios como "quien contamina -o deteriora-, paga", aplicables también a los usuarios agrarios; combinar la corresponsabilidad de los agricultores con ayudas públicas y adaptándolas a cada situación; así como una aplicación progresiva de la ruta propuesta.
En este sentido, se propone pautar hitos temporales y objetivos parciales para facilitar la adaptación de los agricultores y del conjunto de los sistemas económicos implicados.
Otro elemento a tener en cuenta sería el desarrollo de amplios procesos participativos, "con la pedagogía necesaria" a todas las partes implicadas, incluidos los agricultores, pero también los habitantes de zonas rurales y distintos actores de la sociedad civil. Y es que, subrayan, "mantener la ficción del 'agua para todos' o del 'agua para siempre' es un fraude".
Por ello insisten en la necesidad de reconocer el nuevo contexto y que el retraso en hacerlo contribuye a "agravar" el contraste con la realidad y retrasar la construcción de una alternativa "viable y duradera".
Defienden así en el Informe OPPA23 la "urgente" necesidad de iniciar una política de adaptación de los usos orientada a una reestructuración "justa y rápida", con un reparto equitativo de costes y ganancias, creando para ello un espacio de diálogo entre todas las partes implicadas.
